Todavía hoy sigue bajo sospecha el destinatario final del Bejeranazo jarocho

Por Luis Velázquez,- La ley número 36 de responsabilidades de los servidores públicos para el estado libre y soberano de Veracruz dice en el título tercero, capítulo I, fracción tercera:}‘’Utilizar exclusivamente para los fines a que están afectos los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión’’.(Un ejemplo: tanto el Instituto de Pensiones, IPE, como el Sistema de Agua y Saneamiento, SAS, del puerto jarocho, conservan la fama pública de que representan una caja chica de la cúpula política en el poder sexenal.


Todavía hoy sigue bajo sospecha el destinatario final del Bejeranazo jarocho, aquel que con ligas, en billetes nuevecitos 500 y mil pesos, anduviera volando en el cielo de México, antes de aterrizar en Toluca. Vicente Benítez, extesorero de Sefiplan, tenía fama pública de que con frecuencia abastecía de recursos a Erick Lagos, entonces subsecretario de Gobierno. En SAS es fama pública de que a cada rato algunos ejecutivos cobran cheques sin ton ni son, cuyo destino se ignora)


Capítulo uno, fracción XVII:


‘’Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publica, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios’’.


(Ejemplo: la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García maniobró para imponer como candidata suplente al senado a Erika Ayala, lo que obtuvo. También operó para imponer a Shariffe Osman como candidata suplente a la diputación federal, incluso con auxilio de Erick Lagos, Carlos Brito, Gonzalo Morgado y Ceferino Tejeda, y fracasó).


Artículo 61:


‘’Si los superiores jerárquicos tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, darán vista de ellos a la Contraloría General y a la autoridad competente para conocer del ilícito’’.


(Ejemplo: el contralor Iván López Fernández ha reconocido que el sexenio anterior dejó más de tres mil obras públicas inconclusas y con falta de documentos y requisitos establecidos por la ley. Nadie se explica, a menos el factor complicidad, la manera en que se llegó a tales circunstancias. Otro dato: tan sólo en materia de salud 15 hospitales quedaron a medias, sin terminar y sin equipamiento. ¿Quiénes son los responsables? Pero además, ¿por qué ningún exfuncionario ha sido llamado a cuentas? ¿Complicidad del gobierno actual y/o del Congreso?).