México
es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde
el año 2000, por lo menos 67 periodistas, escritores y blogueros han
sido asesinados; 12 permanecen desaparecidos; un sinnúmero han sido
amenazados y hostigados, y cada vez más frecuentemente los medios son
atacados con armas de fuego o explosivos.
A pesar de sus obligaciones constitucionales e internacionales, en México se continúan violando los derechos humanos de periodistas y escritores.
A pesar de sus obligaciones constitucionales e internacionales, en México se continúan violando los derechos humanos de periodistas y escritores.
Los derechos violados incluyen el derecho a la vida, así
como el derecho a no ser torturado, al trabajo y a la libertad de
expresión.
Los crímenes cometidos contra periodistas no son investigados adecuadamente y las autoridades han fallado en investigar y sancionar efectivamente por lo menos el 90% de los casos.
Los crímenes cometidos contra periodistas no son investigados adecuadamente y las autoridades han fallado en investigar y sancionar efectivamente por lo menos el 90% de los casos.
A pesar de su nombre,
el Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión no tiene competencia para investigar los crímenes
ni presentar cargos, o combatir casos vinculados con organizaciones
relacionadas con el narcotráfico.
Existe una red de normas que limitan la expresión y la denuncia de actos de corrupción.
Existe una red de normas que limitan la expresión y la denuncia de actos de corrupción.
Catorce estados en el país mantienen leyes que
criminalizan la expresión.
Las normas de difamación civil (o daño moral)
son utilizadas para hostigar a periodistas que revelan corrupción.
El
marco regulatorio obstaculiza la diversidad de medios favoreciendo la
concentración.
