* El 17 de octubre no es determinante para movilizarse y defender sus derechos por las tierras invadidas, afirman los miembros del Movimiento Campesino por la Justicia Agraria de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit
Mazatlán, Sin., a 9 de octubre de 2013
"Esperamos que el acuerdo ejecutivo de carácter nacional para solucionar el pago inmediato de nuestros predios, no sea sólo un distractor para que el presidente Enrique Peña Nieto inaugure el próximo 17 de octubre la parte proporcional que le dejaron de la carretera, mal llamada autopista, entre Mazatlán y Durango”, expresaron los ejidatarios integrados en el Movimiento Campesino por la Justicia Agraria de Sinaloa, Durango y Nayarit.
El pasado día 30 en Durango alcanzaron el acuerdo de que se realizará la negociación de los predios bajo el "cumplimiento estricto" de la "Ley de Expropiación", previa presentación de avalúos, con un pago inmediato en un plazo máximo de 90 días.
Al ser cuestionados en la conferencia de prensa celebrada esta mañana aquí, el representante de los 29 ejidos en lucha, Ernesto Pérez Virgen sostuvo que esperan no ocurra un engaño este viernes 11 de octubre cuando se sienten a negociar los avalúos que presentarán cada una de las partes porque, de lo contrario, los campesinos estarán en todo su derecho constitucional de manifestarse y hacer valer el amparo que los protege, con un probable bloqueo de la carretera.
“El viernes nos reuniremos aquí con la SCT, SEDATU, los Directores Generales de la SCT de Sinaloa, Nayarit y Durango, así como con la SEGOB y el INDAABIN para avanzar en los valores de la tierra, daños y perjuicios ocasionados por las obras y por los actos irregulares y de corrupción de los funcionarios de la SCT, ex SRA, Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria de los gobiernos federales del pasado inmediato”, expresó Pérez Virgen al leer un comunicado de los campesinos afectados por la construcción de la carretera Mazatlán-Durango, el Puente Baluarte y el libramiento 3 en Mazatlán.
“Esperamos que en este contexto de diálogo responsable se construyan los acuerdos que concreten los derechos e interés de ambas partes: la del Gobierno Federal para que le dé seguridad jurídica a los bienes que deberá adquirir legalmente y de los campesinos para que sus derechos agrarios sean cumplidos”, agregó el sociólogo Pérez Virgen.
En conferencia de prensa celebrada en un restaurante de esta ciudad y puerto, Pérez Virgen dio a conocer que han puesto en manos de las actuales autoridades de la SCT toda la información relativa a sus predios, así como a las irregularidades de las que se valieron los anteriores funcionarios para apoderarse de unas tierras que no son suyas.
Entre ellos, mencionó el caso de algunos campesinos que fueron aprehendidos “por obstaculizar una vía de comunicación cuando está aún no se iniciaba y que al día de hoy aún no se ha terminado: pero siguen presos en libertad condicional por la vía del amparo federal. La actual situación de estos campesinos se debe al aval del Poder Judicial Estatal y de la SCT en Sinaloa”, reclamaron los ejidatarios.
“Esperamos pues de que estas reuniones ejecutivas que se construyeron los días 23 y 30 de septiembre sean para solucionar los derechos de ambas partes y desactivar la confrontación campesinos/gobierno. Los campesinos sólo aspiran al pago de sus tierras y reparaciones de sus daños y perjuicios provocados por la SCT y sus constructoras en las tierras ejidales y comunales”, aventuró el representante de los campesinos.
Para el Movimiento por la Justicia Agraria que nació contra los abusos, atropellos y actos de la corrupción de la SCT, dependencia que se apoyó en la complicidad o complacencia de funcionarios agrarios federales y de los gobiernos estatales, agregó, “el día 17 de octubre no es determinante ya que, mientras el gobierno no les pague sus tierras invadidas y dañadas, los campesinos tendrán su justificante moral y social para movilizarse con libertad constitucional”.
