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Están en juego el estado de Derecho, la democracia e, incluso, la vida
institucional del país
México, D. F., a 2 de agosto de
2012
La lucha por el poder político, económico e, incluso, delincuencial ha sumido a nuestro país en una espiral de violencia a la cual parece difícil verle fondo, mientras los factores sociales que permiten la viabilidad de la incipiente democracia mexicana, como somos quienes ejercemos la libertad de expresión y los defensores de los derechos humanos, continuamos como receptores de los ataques de aquellos quienes pretenden apoderarse de México.
La ineficacia, incapacidad o simulación del Estado mexicano
—habida cuenta de que se trata de los tres poderes de la Unión y los tres
niveles de Gobierno—, para combatir la impunidad de los ataques a los factores
mencionados, no pueden continuar como un maleficio del que no nos podemos
librar.
El Estado mexicano no puede ni debe ser omiso, como tampoco evadirse de su responsabilidad de defender la libertad de expresión, porque están en juego el estado de Derecho, la democracia e, incluso, la vida institucional del país.
Es evidente que cada ataque a la libertad de expresión busca cerrar las posibilidades de que la sociedad mexicana esté informada y conozca su realidad.
El Estado mexicano no puede ni debe ser omiso, como tampoco evadirse de su responsabilidad de defender la libertad de expresión, porque están en juego el estado de Derecho, la democracia e, incluso, la vida institucional del país.
Es evidente que cada ataque a la libertad de expresión busca cerrar las posibilidades de que la sociedad mexicana esté informada y conozca su realidad.
Por tal motivo, para la Fundación para
la Libertad de Expresión es importante y urgente que el Congreso de la Unión
legisle un nuevo marco jurídico federal que dé garantías y protección a los
periodistas y defensores de los derechos humanos.
Que el Ejecutivo emita
los reglamentos y lineamientos que siguen pendientes y que le ha hecho notar la
Organización de los Estados Americanos (OEA), incluso los protocolos.
Que
los órganos de procuración y administración de justicia a nivel federal y de los
estados, hagan un trabajo serio, con sustento, que garantice la libertad de
expresión a todos y la seguridad a quienes la ejercen como profesión, no con
apariencia de legalidad, sino un trabajo de defensa real de la libertad de
expresión, creando las fiscalías especializadas y dotándolas de los recursos
suficientes.
La sociedad mexicana, como parte fundamental del Estado
mexicano, tiene la responsabilidad de resguardar la vida pública de México
dentro de los márgenes de una democracia real y moderna y solo trabajando todos
unidos lo conseguiremos.
