No es extraño que los transportistas del estado que pretenden subir el pasaje urbano con dos pesos con sesentas centavos porque le han subido los combustibles, amenacen al gobierno de Veracruz que si no le otorgan el aumento van a paralizar el transporte en toda la entidad.
Estos empresarios de las vías de comunicación, de las vidas de los veracruzanos, no tienen llenadera, como dijera el dicho popular. No es extraño que la amenaza provenga de su presidente Manuel Mejía del Ángel, donde su familia es dueña de transportes Álamo, la misma que atropella los derechos y mata a los indígenas huastecos.
La fortuna de los Mejía proviene del apoyo del ex dirigente nacional de la CROC, ex diputado federal y senador Silverio R. Alvarado. El amigo del senador era Nabor Mejía Viniegra, padre de estos muchachos a quien los integrantes de los 400 Pueblos balacearan en una de las noches negras de Álamo.
Nunca se aclaró como mataron al senador Alvarado en una calle de la ciudad de México a puñaladas y parte de su fortuna, se presume, quedó en manos de los Mejía. Los hijos para nada se parecen al padre.
Es claro que la declaración de Mejía del Ángel obedece a los deseos y mensaje que manda la mafia del transporte que dirige Carlos Demuner Pitol, ex dirigente de los transportistas, ex director del Instituto Veracruzano del Transporte, cuñado del que fuera director de Tránsito Mario Gasperín Gasperín, así como paisano del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
Nadie puede negar que los combustibles hayan subido. Pero ¿a la población no le cuesta más todo lo que consume para sobrevivir? La amenaza de los transportistas al gobierno de Veracruz no cabe en ninguna parte por principio de autoridad, pero menos porque el gobierno de Javier Duarte no es sólo de los transportistas, tiene que ver con todos los que vivimos en Veracruz.
Los transportistas que tienen deudas de sangre con sus usuarios por atropellar a personas y no pagar indemnizaciones, también son los primeros en no pagar los impuestos, ni respetar las disposiciones de las autoridades, porque exactamente hacen de la presión su único pensamiento.
Si es cosa de amenazas, que pasaría si la población tomara los caminos que son del dinero del pueblo para no pagar el alza del transporte y vamos a ver quiénes en verdad quiebran. En el último aumento autorizado por el gobierno, hubo en un momento el pensamiento para requisar el transporte público, pero no se hizo porque no hay las disposiciones legales.
No cabe duda que cuando se tiene rabia, se muerde hasta los de casa.
Estos empresarios de las vías de comunicación, de las vidas de los veracruzanos, no tienen llenadera, como dijera el dicho popular. No es extraño que la amenaza provenga de su presidente Manuel Mejía del Ángel, donde su familia es dueña de transportes Álamo, la misma que atropella los derechos y mata a los indígenas huastecos.
La fortuna de los Mejía proviene del apoyo del ex dirigente nacional de la CROC, ex diputado federal y senador Silverio R. Alvarado. El amigo del senador era Nabor Mejía Viniegra, padre de estos muchachos a quien los integrantes de los 400 Pueblos balacearan en una de las noches negras de Álamo.
Nunca se aclaró como mataron al senador Alvarado en una calle de la ciudad de México a puñaladas y parte de su fortuna, se presume, quedó en manos de los Mejía. Los hijos para nada se parecen al padre.
Es claro que la declaración de Mejía del Ángel obedece a los deseos y mensaje que manda la mafia del transporte que dirige Carlos Demuner Pitol, ex dirigente de los transportistas, ex director del Instituto Veracruzano del Transporte, cuñado del que fuera director de Tránsito Mario Gasperín Gasperín, así como paisano del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
Nadie puede negar que los combustibles hayan subido. Pero ¿a la población no le cuesta más todo lo que consume para sobrevivir? La amenaza de los transportistas al gobierno de Veracruz no cabe en ninguna parte por principio de autoridad, pero menos porque el gobierno de Javier Duarte no es sólo de los transportistas, tiene que ver con todos los que vivimos en Veracruz.
Los transportistas que tienen deudas de sangre con sus usuarios por atropellar a personas y no pagar indemnizaciones, también son los primeros en no pagar los impuestos, ni respetar las disposiciones de las autoridades, porque exactamente hacen de la presión su único pensamiento.
Si es cosa de amenazas, que pasaría si la población tomara los caminos que son del dinero del pueblo para no pagar el alza del transporte y vamos a ver quiénes en verdad quiebran. En el último aumento autorizado por el gobierno, hubo en un momento el pensamiento para requisar el transporte público, pero no se hizo porque no hay las disposiciones legales.
No cabe duda que cuando se tiene rabia, se muerde hasta los de casa.