México, D. F., a 1 de septiembre de 2011 .-La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), eleva su más enérgica condena ante el cobarde asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, y al mismo tiempo conmina a las autoridades a realizar una investigación pericial experta, profunda, pronta y expedita, en la cual sean agotadas todas las líneas de investigación vinculadas con su trabajo periodístico.
Para la Fundalex es importante esclarecer que no existan grupos o personas que, aprovechando la vorágine producida por la incidencia del narcotráfico en la violencia cotidiana que hoy vivimos, utilicen el asesinato con estas características como una forma para saldar sus motivaciones particulares si en su caso lo fuera.
Las investigaciones realizadas por los reporteros a través de los años, y en el caso especial de la revista Contralínea, han sido siempre sustentadas en la ética y esto pudo haber sido motivado por una venganza, pero todo conducido hacia el propio trabajo.
Yarce Viveros y González Trápaga fueron encontradas esta mañana en un terreno utilizado como cancha de futbol en la Colonia Predio Maravillas en Iztapalapa, completamente desnudas; atadas de pies, manos y tenían un lazo alrededor del cuello, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Marcela Yarce Viveros era fundadora y reportera de Contralínea y se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas de la revista semanal.
Rocío González Trápaga fue reportera de Televisa y en la actualidad ejercía el periodismo de manera independiente.
La Fundación para la Libertad de Expresión expresa sus condolencias a los familiares de las comunicadoras asesinadas, a sus compañeros y al gremio periodístico en general por la violencia en contra de quienes ejercen la profesión.
Con el asesinato de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga asciende a 84 el número de periodistas victimados desde 2000 y a 8 en este 2011.
La Fundalex siempre ha pugnado porque las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos sean protegidas. Exigimos a los gobiernos federal y estatales (en esta caso la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) se hagan cargo de la vivienda, alimentación, educación, vestido y, sobre todo, tratamiento psicológico de los hijos de las y los periodistas victimados.
