El gobierno de Veracruz suele cacarear en cada oportunidad y como un estilo de gobernar cumplir al pie de la letra con la rendición de cuentas.Pero al mismo tiempo, oh paradoja, a cada rato actualiza‘’la clasificación referente a Información Reservada’’ de varias partidas, entre ellas, “la correspondiente a la partida 513636100005 de la Coordinación General de Comunicación, respecto a la Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, como quedara ratificado el lunes 9 de enero de 2012 en la Gaceta Oficial número 9.Pero además, publicita el acuerdo correspondiente “en cumplimiento al principio de máxima publicidad” en la página Web de la Coordinación General de Comunicación Social.Y, bueno, quizá en tal acuerdo se trepa la dirección de SAS para violentar el espíritu constitucional, y por tanto, la de dar la información relacionada con la identidad (razón social, nombre de los propietarios, domicilio fiscal, etcétera) de las constructoras a cargo de la obra pública.Se insiste: se trata de recursos del erario aportado por los contribuyentes a cambio de los servicios públicos.Más aún si se considera que por ningún motivo el político llega a una dependencia para ejercer el poder político y económico con sentido patrimonialista, como si los fondos públicos fueran de su propiedad, y en consecuencia, puede gastarse de manera arbitraria.Habría de referir que por encima de cualquier político está, primero, el Congreso de Veracruz a través de la Comisión de Vigilancia del gasto público; segundo, el secretario de Fiscalización del Congreso; tercero, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis); cuarto, la Contraloría y quinta, la Secretaría de Finanzas y Planeación. Pero más todavía, arriba de cualquier funcionario (alcalde, gobernador y Presidente de la República, anexos, conexos y similares) está la Constitución General de la República y la Constitución de su entidad federativa.El director de SAS, José Ricardo Ruiz Carmona, con fama pública de estudios profesionales inconclusos por todos lados, parece estar encima de la ley. SAS le está sirviendo para abrir brecha a la alcaldía de Veracruz, cuando, el mundo priista lo sabe, la presidencia municipal ha sido escriturada para la diputada local Ainara Rementería Coello, de igual forma como el góber fogoso la notarió para Luz Carolina Gudiño Corro. Y ni modo que el tal Pepín se quiera enfrentar, no a ella, sino a su protector, a menos, claro, que en su ambición sin límites apueste a la temeridad.
