Luego de que el Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) diera a conocer la
suspensión del envío de medicamentos antirretrovirales a un instituto
nacional de salud y a cuatro programas estatales de VIH, la organización
Salud, Derechos y Justicia AC (SDJAC) solicitó medidas cautelares,
“urgentes y eficaces”, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH).
Firmado por Luis Adrián Quiroz, presidente de
SDJAC, el documento señala la preocupación de que la medida propuesta
por el titular del Censida, José Antonio Izazola, se lleve a cabo, pues
con esto, un grupo importante de personas que viven con VIH se vería
afectado al dejar de recibir medicamentos que son su “soporte de vida”.
Cabe señalar que el pasado 4 de septiembre el
Censida hizo llegar al titular del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y a los directivos de los
programas de VIH de la Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato y Puebla, un
oficio en el que les notificaba la suspensión del envío de
antirretrovirales debido, según el organismo, a que los esquemas de
tratamiento que prescriben no están apegados a los “Lineamientos para el
uso de recursos públicos en la aplicación de la Guía de manejo ARV de
las personas con VIH”.
Que no a todos los pacientes que ingresan a
tratamiento se les ha realizado pruebas de laboratorio requeridas de
carga viral y CD4, y que el instituto y los cuatro programas no han
disminuido el uso de inhibidores de proteasa en primera línea de
tratamiento, son algunos de los argumentos con los que el Censida
justifica su decisión, de acuerdo con el oficio que emitió DG/1441/12.
Al respecto, Miguel García Murcia, integrante de
SDJAC, consideró que esta medida, que “aparentemente busca optimizar
recursos públicos”, en nada beneficiará a los pacientes que viven con
VIH, incluso la calificó como “el más grande retroceso” que ha tenido la
actual administración del Censida en materia de acceso universal al
tratamiento, ya que, aseguró, se privilegia un asunto económico por
encima del derecho a la salud que tienen las personas con VIH.
“Si se quiere tener una visión a largo plazo y no
solamente un paliativo, hay que empezar por hacer diagnósticos oportunos
e iniciar terapias en una etapa temprana de la infección, pues con esto
sí que se pueden reducir los gastos; además, hay que invertir en
prevención; hasta el momento no hemos visto un programa de prevención
que sea efectivo en esta administración. Todo esto sería más valioso y
efectivo económicamente hablando a largo plazo”, señaló el activista.
Juan Sierra, investigador del Departamento de
Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”, si bien consideró significativo el esfuerzo por
parte del Censida de optimizar los recursos que se invierten en
antirretrovirales y buscar que se usen de la mejor forma posible,
consideró que es criticable la manera en que se pretende hacer.
“Es una medida que va en contra de toda lógica,
pues al suspender la provisión de antirretrovirales quien se verá
afectado será el paciente, quien además es el menos culpable”, afirmó
Sierra.
El investigador recordó que los “Lineamientos para
el uso de recursos públicos en la aplicación de la Guía de Manejo ARV de
las personas con VIH”, y en los cuales se basa la decisión del Censida,
no fueron aprobados por el Comité de Atención Integral del Consejo
Nacional para la Prevención y el Control del SIDA (Conasida), como
tampoco aprobaría dicho Consejo una medida de este tipo.
Por su parte, Andrea González, titular del Programa
de VIH de la Ciudad de México, también manifestó su postura con
respecto al oficio emitido por José Antonio Izazola. De acuerdo con la
doctora, 6 mil 355 pacientes llevan tratamiento antirretroviral en la
Clínica Especializada Condesa, quienes lo reciben con base en la Guía de
Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH, la cual responde a los
Lineamientos para el Tratamiento Antirretroviral en personas que viven
con VIH para Instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Al desmentir lo afirmado por el oficio del Censida,
González aclaró que todos los pacientes que han iniciado su terapia
antirretroviral en la Clínica tienen estudios completos; particularmente
de carga viral y conteo de CD4; además añadió que ni en la Guía de
Manejo Antirretroviral ni en los lineamientos se establece que se debe
disminuir el uso de inhibidores de proteasa sin justificación clínica,
como lo solicita el Censida en el oficio DG/1441/12. El uso de estos
inhibidores está clínicamente justificado en cada uno de los casos en
que se emplearon, determinó.
Informó que del 1 de junio de 2012 a la fecha se
han prescrito 613 esquemas de inicio en la Clínica Especializada
Condesa. El resto de los tratamientos marcados como iniciales en el
Sistema de Administración y Logística de ARV (SALVAR), registro en el
que se basan las afirmaciones del oficio de Izazola, se refieren a
tratamientos de continuidad de personas referidas de otra institución
médica con tratamientos iniciados previamente.
Por último, de acuerdo con Andrea González, la
Clínica Especializada Condesa, y en general el Programa de VIH de la
Ciudad de México, han mantenido siempre una administración responsable
en materia de terapia antirretroviral.
