Através de un punto de acuerdo, el senador panista Juan Bueno Torio pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorte a los gobernadores de los 31 estados de la República y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados. Además, el legislador por Veracruz solicitó a las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) instruir a los órganos de fiscalización a su cargo para auditar la situación financiera de las haciendas públicas que tienen bajo de su responsabilidad.En su planteamiento Bueno Torio también llamó a la Junta de Coordinación Política del Senado a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas.
“Dicho grupo de trabajo estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados en la actual Legislatura”, detalló.
Para Bueno Torio, la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave, pues sostuvo que en el documento “Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público” el Instituto Mexicano de la Competitividad señala que en la actualidad es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios.
“En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad, por lo que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean los obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento”, expuso.
Lamentó el hecho de que los gobernantes locales no estén obligados jurídicamente a reportar cómo gastan, lo que propicia ineficiencia y dispendio, con el resultante incremento irresponsable del gasto público.
Esa opacidad, advirtió, ha llevado a varias autoridades estatales a contratar mayores montos de deuda y tal situación de endeudamiento acelerado e insostenible en las entidades es particularmente preocupante.
Bueno Torio puntualizó que esta situación de irresponsabilidad económica viene acompañada de oportunismo político, pues consideró que es notoria la presencia de motivaciones electorales para ciertos actores.
“Baste observar que de las administraciones estatales que renovaron autoridades en 2010, la gran mayoría heredó a los gobiernos entrantes niveles de pasivos que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y desarrollo social.
Mientras que el gobierno saliente de Tlaxcala es ejemplo de responsabilidad, pues no dejó deuda al sucesor, en el extremo contrario son particularmente notorios los casos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz”, refirió.
Precisó que el gobierno saliente de Chihuahua legó al sucesor la mayor deuda en la historia de la entidad: 13 mil 261 millones de pesos en septiembre de 2010, que en términos nominales es 869 por ciento superior a la que se tenía en 2004.
En tanto, al cierre de 2009 el actual Ejecutivo de Nuevo León tenía compromisos fiscales por más de 27 mil 70 millones de pesos, monto 193 por ciento superior al que había en 2004.
“En Veracruz, la situación no es diferente: con datos actualizados a septiembre de 2010, el saliente gobierno estatal habría entregado al sucesor una deuda de 9 mil 289 millones de pesos, 163 por ciento superior en términos nominales a la que había en 2004”, abundó.
La propuesta del senador de Acción Nacional se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente, para su análisis y dictaminación.
