De bomberazo se conjuró el alza prevista para ayer al precio de la tortilla; pero el acuerdo para sostener su precio en el país se ve prendido de alfileres.
Sólo el amago de los industriales y molineros de la tortilla de aplicar un aumento inminente de 4 pesos, para quedar entre 12 y 13 pesos, y el riesgo de atizar el proceso inflacionario y la protesta nacional, obligó al Gobierno Federal a intervenir y llegar a un pacto con éstos, que no se sabe por cuánto tiempo se podrá mantener.
La tortilla, pese a ser el alimento básico de la población nacional, no está sujeto a un control de precios. En las reglas prevalecientes de libre mercado, cada quien fija su precio sin tope oficial, y las políticas públicas, no son eficaces para proteger la economía popular; por un lado, hay desequilibrios en su cadena productiva, desde el campo, donde el cultivo del maíz es decreciente, su industrialización, un mercado acaparado, hasta la política de importación y uso del grano, y por el otro, no parecen suficientes los programas de apoyo a productores.
Con el antecedente de la crisis de alimentos, y en particular del maíz, en 2007, cuando el kilo de tortilla se encareció 40 por ciento, el Gobierno Federal llegó a un nuevo acuerdo con los tortilleros, basado en tres puntos a cambio de no elevar el precio. Según esto, como primer punto, la Secretaría de Economía «implementará los mecanismos para evitar la especulación en el precio del maíz». El segundo se relaciona con los programas de apoyo, el denominado Mi tortilla seguirá incorporando a todos los industriales de la masa y la tortilla, y el programa Promasa, agilizará el pago de los recursos comprometidos. Y el tercero sólo parece haberse establecido para ganar tiempo. La organización propuso resolver el fondo del problema, que dijeron, es el encarecimiento mensual de energéticos (gas, electricidad y gasolina), por lo que solicitaron continuar las negociaciones con las autoridades para lograr un acuerdo que beneficie a las partes, pero principalmente al consumidor, ¡cómo no!
Por lo que se ve, en parte el trasfondo de la pretensión de aumento reside en la lucha por la asignación de recursos públicos para apoyar a productores. Su promesa de entrega calmó los ánimos. Los otros dos puntos son más difíciles de satisfacer.
Las condiciones inflacionarias y de rentabilidad de esos negocios, que si bien producen un alimento de consumo popular básico no están ajenos a las leyes del mercado y la ganancia. No por hacer tortillas son del pueblo. Mucho menos lo son los acaparadores del maíz y fabricantes de harinas, todos van en la cadena, pero no son del mismo tamaño, capacidad y poder económico, diferenciados en su lugar y jerarquía en el proceso económico y protección gubernamental. No será fácil controlar la especulación y el acaparamiento, tampoco congelar el precio de los energéticos, un reclamo negado a muchos sectores de la economía, frente a los cuales ha sido insensible el gobierno de Calderón.
Veracruz no es ajeno al problema del precio de la tortilla y obviamente aquí se reconoce su importancia en la economía popular. La situación es común en todos los estados de la República, pero cada gobierno estatal puede implementar políticas complementarias a fin de contribuir a la estabilidad de los precios y el aseguramiento del abasto y el consumo. Con los precedentes de intervención estatal en defensa de la economía popular, el gobernador Javier Duarte diseña las estrategias para fortalecer los negocios de la masa y la tortilla y sus colaboradores han iniciado el diálogo con los productores.
Hay que ponerle más alfileres y un seguro al pacto para que no suba la tortilla, que si bien no sólo de pan vive el hombre, millones sí viven gracias a la tortilla. No suena absurdo que estabilidad y gobernabilidad estén tan relacionadas con la tortilla. Los estómagos vacíos ya no van a la revolución, es más fácil enrolarse en el cártel.
NEOLIBERALES Y TORTILLA
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la facultad de economía de la UNAM presentó datos contundentes del deterioro en México del poder adquisitivo del salario mínimo en relación con el precio de las tortillas.
Un primer ciclo medido, el lapso del gobierno de Calderón, indica que cuando este asumió la presidencia el primero de diciembre de 2006, con un salario mínimo (48.67 pesos) se podían comprar 7.22 kg de tortilla. Para abril de 2010, con un sueldo vigente de 57.46, sólo se podían adquirir 6 kg.
El ciclo de deterioro más pronunciado se observa en la medición que parte de 1982, fecha inaugural de la era neoliberal (gobierno de Miguel de la Madrid), en enero de 1982 con el salario mínimo se podían comprar 50.91 kilos de tortilla. Estadísticamente han perdido los trabajadores 44.87 kilos de tortilla. En compensación han ganado en libertad, son libres de elegir comer o no.
