* La periodistas está protegida no sólo por nuestra Constitución, sino por la Corte Europea de Derechos Humanos en distintos fallos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos
México, D. F., a 18 de marzo de 2013
La Fundación para la Libertad de Expresión expresa su solidaridad con la autora de los libros “Camisas Azules, manos negras” y “El Cártel Negro”, Ana Lilia Pérez, a la vez de condenar la intención del diputado federal Juan Bueno Torio, de coartar la libertad de expresión de la periodista y el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos, a saber sobre las presuntas acciones de corrupción llevadas a efecto en la administración de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
En una carta fechada en Alemania, la también reportera de la revista Contralínea expresó que en una demanda por presunto daño moral, Bueno Torio “proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él”.
En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la “Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras”, y a partir de la investigación comenzó la persecución del entonces Senador de la República.
“He dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder”, expresa la periodista en su carta.
Por este motivo, “en junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. Para salvaguardar mi integridad y frenar el acoso y la violencia de los que he sido víctima ―documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos humanos― me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal”.
Afirma la periodista que “el diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión”.
Para la Fundación para la Libertad de Expresión es vital brindar apoyo a la periodista Ana Lilia Pérez, en tanto descubre asuntos de interés público, revela actos de corrupción y su actuación está protegida no sólo por nuestra Constitución, sino por la Corte Europea de Derechos Humanos en distintos fallos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.
